1.– Bajo la directa dependencia del Consejero o Consejera, la Dirección de Régimen Jurídico es el órgano de coordinación de las actuaciones de esta índole en el ámbito de gestión encomendado al Departamento de Interior. A tal efecto coordina a través de su superior dirección funcional la actividad de esta naturaleza atribuida a los demás órganos del Departamento .

2.– Corresponde a la Dirección de Régimen Jurídico el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Elaborar y proponer los planes de desarrollo legislativo en las materias de competencia del Departamento de Interior y desarrollarlos mediante la elaboración de los correspondientes proyectos de disposiciones de carácter general, todo ello en colaboración y coordinación con los diversos órganos departamentales afectados.

b) El seguimiento y control de los procedimientos jurisdiccionales en los que intervenga el Departamento de Interior, así como el de las resoluciones recaídas en ellos.

c) La tramitación de los procedimientos administrativos que hayan de ser resueltos por el titular del Departamento a excepción de los previstos en el artículo 6.1.f.3 y la prestación del asesoramiento que le fuere requerido, en los que deben ser resueltos por los titulares de las Viceconsejerías.

d) Emitir los informes jurídicos que le sean solicitados por los diversos órganos del Departamento.

e) Informar de legalidad, cuando fuese requerido al efecto, los asuntos que vayan a ser objeto de examen por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y el Consejo de Gobierno.

f) Emitir informes de legalidad con carácter preceptivo, de los anteproyectos de ley, proyectos de decreto con contenido normativo y demás disposiciones de carácter general.

g) Emitir informe jurídico de los acuerdos y convenios a suscribir por el Departamento, así como aquellos informes de legalidad de carácter preceptivo a excepción de los que estén atribuidos expresamente a otro órgano.

3.– Corresponde igualmente a la Dirección de Régimen Jurídico el ejercicio de las funciones que el Decreto 250/1995, de 25 de abril, sobre habilitación para representación y defensa ante las jurisdicciones penal y civil de los miembros de la Ertzaintza, atribuye al Departamento de Interior.